Indignación entre víctimas de maltrato con el cambio de sexo de un condenado que ahora pide el indulto: «Es un machirulo»

Nueva polémica derivada de la ley trans. Dos mujeres víctimas de violencia machista por parte de un mismo varón de Sevilla han alertado de que este individuo, condenado a pena de cárcel por tales hechos, ha acudido al Registro Civil y se ha inscrito como mujer en virtud de la nueva norma, solicitando después ser indultado de sus penas de prisión al considerarse una «persona nueva que entiende el daño que ha hecho», extremo ante el cual han mostrado su «indignación» ante este «fraude» destinado a «evadir la cárcel», según informa Europa Press. La ley, sin embargo, establece que el delito será juzgado en base al sexo legal que tenía la persona cuando se produjeron los hechos, no a posteriori. Sí que cambiaría la situación del agresor si cometiera nuevos delitos contra parejas, ya que sería una mujer.  Para las agredidas, como indicaron en una entrevista radiofónica en la Cope, el condenado es «un machirulo».

Una de las víctimas ha relatado en ABC que en el 2017 entabló una relación con este hombre, de profesión vigilante de seguridad e identificado como Antonio Luis B.R. y tras unos «cinco meses», el individuo habría comenzado a imponerle «prohibiciones y restricciones», que después derivaron en «amenazas y agresiones verbales y físicas de todas las formas posibles», incluso «palizas», porque «no quería que viese a ningún chico» de sus amistades. Es más, incluso descubrió que otra mujer relacionada con este varón había sufrido las mismas situaciones.

Esta otra víctima, Patricia, ha expuesto que Antonio Luis B.R. la sometía a «maltrato físico y verbal», avisando de que no se trata de «un simple maltratador», sino «un psicópata» en toda regla. «Desde agarrones a tenerme encerrada en su piso cuatro horas de rodillas mientras él se autolesionaba», ha detallado, señalando el «pánico» que sentía y que el encartado pasó «ocho meses en prisión preventiva» por incumplir una orden de alejamiento que le había sido impuesta respecto a ella.

 Patricia ha narrado que posteriormente supo que Antonio Luis B.R. había tenido una pareja anterior, en este caso la víctima ya mencionada, entrando ambas en contacto y decidiendo «denunciar» a este hombre dados los malos tratos de este varón respecto a ellas.

En ese sentido, en julio del 2019, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla condenaba a este hombre por violencia doméstica y de género, maltrato habitual, un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; un delito de violencia doméstica y de género y coacciones y un delito de quebrantamiento de medida cautelar, con la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

 Ya en marzo del 2022, el Juzgado de lo Penal número dos le condenó además a cuatro años de cárcel y diferentes multas por un delito de malos tratos físicos y psíquicos habituales con la atenuante de alteración psíquica, seis delitos de malos tratos físicos, un delito de coacciones en el ámbito familiar, un delito de daños, un delito leve de daños y un delito más de quebrantamiento de medida cautelar.

Posteriormente, en octubre del 2022, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla estimó parcialmente su recurso de apelación contra dicha última condena, reduciendo sus penas de cárcel a tres años y cuatro meses.

 Ahora, como han explicado sendas víctimas de este varón, la abogada de ambas mujeres, María José Atoche, les ha comunicado que Antonio Luis B.R. acudió el pasado mes de julio al Registro Civil, formalizando su inscripción «como mujer, sin ningún estudio previo que acredite que se sienta así», merced a la reciente Ley estatal 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

 A continuación, como han indicado ambas, el condenado ha solicitado al Gobierno central su indulto alegando «que se considera una persona nueva como mujer y ha comprendido el daño que ha hecho».

Ante ello, ambas víctimas han mostrado su «indignación» porque el condenado «en ningún momento ha dado indicios de que se sienta así», sino que por contra, es una persona «homófoba y sexista». «Es incongruente decir que se siente mujer. No se arrepiente de nada y lo hace como último cartucho para intentar evadir la cárcel», han manifestado, considerando «surrealista» el giro dado por el caso. 

Ello, cuando como explica la primera víctima, ella estaba deseando que el condenado «entrase en la cárcel» tras tantos años de procedimiento judicial, avisando de que concederle el indulto supondría darle «carta blanca» para delinquir en los mismos términos por los que ha sido condenado.

Su abogada, además, avisa de que el mencionado condenado podría estar incurriendo en «un claro fraude de ley», dada su «utilización torticera de una norma jurídica».

El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género, ante el último caso de utilización de la Ley Trans «para que un maltratador se beneficie», ha solicitado «una revisión y ajuste de los artículos que permiten acciones fraudulentas y situaciones dañinas para las mujeres, menores y las víctimas de violencia machista», informa Europa Press.

«Evitemos, que una ley vuelva otra vez a producir daño y dolor», ha sentenciado la portavoz del Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género Elena Ramallo, tras conocerse que un condenado por dos casos de violencia machista acudió al Registro Civil para inscribirse como mujer, solicitando después ser indultado de sus penas de presión al considerarse una persona «nueva».

Igual que alertó sobre la llamada ley del «solo sí es sí», el organismo advierte ahora sobre la llamada Ley Trans «desde el conocimiento, no desde ideologías políticas, y en base a casos que denuestan sus consecuencias».

Por ello, solicita al Ejecutivo que realice modificaciones en esta ley, antes de que ocurra como en la ley del «solo sí es sí» que «fue modificada después de que había producido un dolor y un daño terrible a las víctimas y que continúa haciéndolo».

Para el Consejo Nacional de víctimas de violencia de género, las leyes «tienen que dotar de unos derechos, sin restar otros; tienen que proteger no dañar; no pueden provocar en otros colectivos situaciones de intimidación o indefensión; no pueden carecer de ningún tipo de mecanismo de control que evite que su mal uso permita fraudes y abusos; y no pueden contener vacíos legales que provoquen daños o desconocimiento de aplicación»

Asimismo, recalca que las leyes «no pueden recortar derechos de colectivos o generales; no pueden restar derechos a la mitad de la población en todos los ámbitos, desde los deportivos a los laborales, como los de protección; no pueden atentar contra la patria potestad de los progenitores; no pueden permitir que maltratadores, violadores, pederastas encuentren subterfugios para dañar a menores y mujeres; y no pueden atentar contra la libertad de expresión y castigarla con sanciones».

«Pedimos que los políticos no empiezan a utilizar esta propuesta para tirársela unos a otros como arma política. Hablamos de evitar daño y dolor, por lo tanto, no nieguen los hechos como ocurrió con la ley del sí es sí», aclara Ramallo.

La bronca ha llegado al Parlamento de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Ejecutivo madrileño, le ha recordado el caso de este maltratador a la líder de Más Madrid, Mónica García: «Se ha cambiado de sexo y ha dejado hundida a su víctima». Carla Antonelli, compañera de formación de García, ha cargado este jueves contra la líder del PP de criminalizar a las personas trans y de «esparcir bulos» contra ellas.

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